En una decisión trascendental, la Dirección General de Aguas (DGA) otorgó su aprobación al acuerdo de redistribución de aguas presentado por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes el pasado viernes 5 de enero de 2024. Este hito histórico convierte a la Junta como la primera de la región de Coquimbo y del país en recibir la aprobación de este organismo público.
En julio de 2022, el Ministerio de Obras Públicas declaró la región de Coquimbo como zona de escasez hídrica mediante el Decreto Supremo M.O.P Nº 109. Un año después, este recibió una prórroga con el Decreto Supremo Nº 123, con el propósito de mitigar los efectos de la sequía y garantizar el consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia.
En este contexto, la DGA adquirió competencias para exigir a las juntas de vigilancia la presentación de acuerdos de redistribución, los cuales deben garantizar que, entre los usuarios de la cuenca, prevalezcan los usos para el consumo humano, saneamiento o uso doméstico de subsistencia, en concordancia con la Ley Nº 21.435, que reforma el Código de Aguas.
De esta manera, la DGA notificó a varias juntas de vigilancia de la región con el objetivo de que presentaran, en un plazo determinado, acuerdos que permitieran distribuir de manera justa y equitativa el agua entre todos los usuarios de la cuenca.
«Como DGA, estamos muy contentos de lograr la aprobación del primer acuerdo de redistribución a nivel nacional, en este caso, de la JVRE. Es importante señalar que, de las trece juntas de vigilancia en la región, se ha solicitado el acuerdo de redistribución a diez de ellas, incluyendo la Junta de Vigilancia del Río Choapa, la Junta de Vigilancia del Río Elqui y las ocho juntas de vigilancia de la provincia de Limarí. Estos últimos acuerdos (de Choapa y Limarí) presentan observaciones que deben ser subsanadas por las respectivas juntas de vigilancia», manifestó la directora regional de la DGA Coquimbo, Cinthya Álvarez.
Con esta aprobación, se asegura el suministro de agua superficial para satisfacer la demanda de agua potable en la conurbación La Serena y Coquimbo, especialmente en situaciones críticas donde se priorizará el consumo humano.
Con priorización en el consumo humano
Es así que, la JVRE alcanza un hito nacional al convertirse en la primera junta en obtener la autorización de la DGA según la Resolución Exenta Nº 7.
En este sentido, el abogado de la JVRE, José Miguel Valenzuela, comentó, “esto constituye un hito significativo para nuestra organización, ya que hemos priorizado el consumo humano y la subsistencia, sin descuidar la importancia de la agricultura. Esto ha sido especialmente desafiante dada la escasez hídrica que afecta nuestra provincia y al país en general».
El juez de río de la JVRE, Alex Cortés, destacó que «es un hito para nuestra organización, lo logramos en tiempo récord en un trabajo de todo el equipo, quedan cosas aún pendientes que mejorar y compromisos que cumplir, pero ya tenemos el acuerdo aprobado, que era el objetivo desde que fuimos notificados».
Rol de la academia
Finalmente, es fundamental destacar el papel de la academia en este logro, especialmente el de la Universidad de La Serena a través del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales (PROMMRA), que contribuyó significativamente en la redacción de parte de la documentación presentada a la DGA.
El ingeniero agrónomo y modelador hidrológico del laboratorio PROMMRA, Sebastián Norambuena, indicó que el laboratorio proporcionó información importante para la gestión del agua, a partir de la definición del Desmarque para la temporada 2023/24 y de dos iniciativas ejecutadas anteriormente en la JVRE.
«La primera trata sobre el desarrollo de modelos de proyección de caudales que permiten estimar la disponibilidad del recurso hídrico para la temporada, y en segundo lugar, el diseño de una regla de operación específica para la JVRE en el contexto del cambio climático, facilitando la generación de propuestas de desmarques. Estas propuestas tuvieron en cuenta tanto la disponibilidad de los embalses y sus ríos, como la demanda hídrica de la cuenca. Ambos productos resultaron fundamentales en la redacción y la posterior aprobación del acuerdo de redistribución», sostuvo Norambuena.
En este sentido, el presidente de la JVRE, Gabriel Varela, resaltó la colaboración obtenida por parte de los profesionales del laboratorio.
«El acuerdo ha sido fructífero gracias al esfuerzo colaborativo entre distintos actores: el Estado, representado por la DGA; la academia, a través del laboratorio PROMMRA de la Universidad de La Serena, y la Junta de Vigilancia. Juntos abordamos los dieciséis puntos del acuerdo, lo que constituye un gran logro para nuestra organización, pero sobre todo para la cuenca del Elqui. Este enfoque colaborativo ha sido un círculo virtuoso que hemos mantenido durante años en nuestra labor», dijo.
De esta manera, este acontecimiento marca un avance crucial en la gestión del recurso hídrico, destacando la importancia de la colaboración entre organizaciones, entidades gubernamentales y el sector académico.
