El “Acuerdo para el Agua” establece, a través del diálogo y miradas compartidas, las materias fundamentales a las que se debe poner prioridad. Se insta a las autoridades, a los incumbentes y al país a redoblar esfuerzos para crear y fortalecer los espacios de diálogo y superar la inacción de las últimas décadas en la adaptación al nuevo entorno hídrico.
Con el objetivo de avanzar en la construcción de visiones comunes que permitan romper el inmovilismo que afecta la problemática hídrica del país, un grupo transversal de académicos de distintas universidades (Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo y Universidad de Concepción) convocó a cerca de 20 instituciones vinculadas a diferentes sectores y enfoques sobre los temas hídricos, incluyendo la participación activa de la Junta de Vigilancia del Río Elqui (JVRE). Juntas, estas entidades delinearon los contornos de la crisis hídrica que nos afecta y lograron una definición consensuada sobre las materias fundamentales a priorizar para avanzar.
El presidente de la JVRE, Gabriel Varela Cano, quien participó de todo el proceso junto destacó la importancia de este acuerdo y su potencial para cambiar el rumbo de la gestión del agua en Chile. «Estamos enfrentando una de las peores crisis hídricas de nuestra historia, y este acuerdo es una demostración de que, cuando diferentes actores se sientan a dialogar, es posible encontrar soluciones concretas. Desde la Junta de Vigilancia del Río Elqui estamos comprometidos con llevar adelante esta agenda de cambio para asegurar el futuro hídrico de nuestras cuencas y nuestras comunidades», señaló Varela.
Hoy, tras cinco meses de trabajo conjunto, el “Acuerdo para el Agua” establece los mínimos comunes que pueden superar la inacción de las últimas décadas, a través de seis puntos de consenso que delinean una hoja de ruta de largo plazo e incentivan a los tomadores de decisión a ejecutar acciones concretas.
Camila Boettiger, académica en Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad del Desarrollo, destacó esta iniciativa como un espacio único y diferenciador que marca un precedente en torno a la discusión de los problemas del agua en nuestro país. “Esta fue una instancia en que las instituciones que representan a los distintos actores del agua, incluyendo a la JVRE, pudieron dialogar más allá de sus diferencias y lograr acuerdos que permitan avanzar en resolver los desafíos que presenta la gestión de las aguas frente al cambio hidrológico, la protección ambiental y el desarrollo productivo sustentable”.
Entre los puntos del acuerdo, destacan la necesidad de que la política nacional para la gestión del agua se sustente en una visión compartida y de largo plazo que trascienda los ciclos políticos; la urgencia de mejorar la institucionalidad para el agua, que permita una gobernanza coordinada y descentralizada, respondiendo de manera oportuna y adaptativa a las necesidades del país; la validación de la cuenca como unidad de gestión, inversión y conservación de los ecosistemas y del agua en todas sus formas; la demanda de información, monitoreo y conocimiento para trabajar sobre información compartida en la toma de decisiones; y la importancia de asegurar la protección del ciclo hidrológico a través de la innovación e incorporación de nuevas fuentes, tecnologías y prácticas de eficiencia en el uso del agua, entre otros aspectos.
El proceso de trabajo contó además con la asesoría de Evelyn Vicioso, socióloga a cargo de la metodología, y el apoyo de Gabriel Caldés, Eugenio Celedón y Claudio Reyes, consultores expertos en recursos hídricos. “Uno de los focos fundamentales de este proceso fue obtener la confianza de los participantes como punto de partida para dar legitimidad a la declaración conjunta. De esta forma, el ‘Acuerdo para el Agua’ corresponde a una visión compartida de los propios actores, entre los que participaron usuarios, empresas, organizaciones de la sociedad civil y la JVRE, con el fin de avanzar, a pesar de las diferencias, en una gestión efectiva de los recursos hídricos”, destaca Vicioso.
A través de este acuerdo, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), la Fundación Amulén, la Asociación de Municipios Rurales (Amur), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess AG), la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC), el Comité de Agua Potable Rural de Melipilla, la Confederación de Canalistas de Chile (CONCA), la Fundación Cosmos, la Junta de Vigilancia del Río Elqui, el Gobierno Regional de Los Lagos, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), The Nature Conservancy en Chile y la Fundación Newenko, hacen un llamado a las autoridades a “sumarse a esta propuesta y a tomar esta declaración como el inicio de un proceso de cambio, desde una visión compartida sustentada en la confianza, la cooperación y buscando el bien común de Chile”.
Finalmente, el equipo coordinador de esta iniciativa, compuesto por Federico Errázuriz, Mónica Ramírez, Camila Boettiger, Christian Rojas, José Luis Arumí, Natalia Dasencich, Paulina Medina, Gabriel Caldés, Eugenio Celedón, Claudio Reyes, Evelyn Vicioso e Isabel Celedón, expresó su satisfacción con el resultado de este trabajo de diálogo conjunto, el cual esperan permita “generar beneficios duraderos para los recursos hídricos de nuestro territorio y, por consiguiente, para todos sus habitantes, fomentando el bienestar y la prosperidad en todas las regiones del país”.
La declaración y más información sobre el proceso se pueden encontrar en la web www.acuerdoparaelagua.cl, donde, además, podrán sumarse nuevas organizaciones que adhieran a esta declaración y a la disposición de avanzar y contribuir en estas materias.
Declaración Pública “Acuerdo para el Agua”
Reunidos los actores institucionales que representamos distintas dimensiones, experiencias y visiones acerca del uso del agua y la protección de sus fuentes naturales, desarrollamos un trabajo transparente y respetuoso que nos permitió construir una mirada compartida para hacernos cargo de la crisis hídrica y mejorar la gestión del agua. Esto requiere un esfuerzo colectivo y colaborativo que involucre a actores públicos, privados y de la sociedad civil.
Creemos que las soluciones deben surgir del diálogo, para construir confianza y una visión común que nos permitan proponer políticas públicas en esta materia. Para ello, requerimos compromiso, liderazgo y soluciones concretas que consideren la diversidad de intereses presentes en el país. Superar el inmovilismo demanda un sentido de urgencia y un enfoque de largo plazo. No será tarea de un solo gobierno o sector. Mientras no se logre un acuerdo nacional para el agua, ponemos en riesgo la calidad de vida de las personas, del medio ambiente y el desarrollo del país. Por tanto, debemos avanzar hacia una gestión hídrica que entregue certezas a las distintas funciones del agua en sus usos productivos, ambientales y para consumo humano.
Luego de este diálogo, hemos acordado enfrentar estos desafíos sobre las siguientes bases:
- Política Nacional: Requerimos urgentemente que la política nacional para la gestión del agua se base en una visión compartida, comprometida y de largo plazo, que integre las distintas visiones de los sectores público, privado y de la sociedad civil; que trascienda los ciclos políticos; que reconozca claramente el rol y la participación de cada uno de los actores según la normativa vigente; y que promueva relaciones de confianza para lograr el desarrollo integral y sustentable de Chile en materia hídrica.
- Mejora de la Institucionalidad: Necesitamos mejorar la institucionalidad para el agua, tanto pública como privada, que permita actuar dentro de una gobernanza coordinada y descentralizada, con funciones y objetivos claramente establecidos, que proteja el derecho humano al agua potable y al saneamiento, promoviendo la seguridad hídrica para responder de manera oportuna y adaptativa a las necesidades del país y el nuevo contexto climático, sobre la base de sólidas competencias técnicas, ambientales y financiamiento adecuado.
- Gestión a Nivel de Cuenca: Reafirmamos que la cuenca debe ser la unidad de gestión, inversión y conservación de los ecosistemas y del agua en todas sus formas, considerando las características hidrológicas, sociales, ambientales y económicas de cada una de ellas. Es fundamental avanzar hacia una institucionalidad y gobernanza a nivel de cuenca, que integre la historia del territorio y reconozca a todos sus actores.
- Participación Colaborativa: La participación de todos los actores debe ser amplia, colaborativa y efectiva, permitiendo construir confianza sobre la base de información verídica y reconocimiento institucional mutuo, que otorgue legitimidad social y ambiental a los procesos públicos y privados de toma de decisiones sobre el agua.
- Información y Monitoreo: Necesitamos información, monitoreo y conocimiento que representen de manera objetiva y transparente la realidad de cada cuenca, basados en antecedentes científicos, continuos, actualizados, oportunos y confiables, provenientes de fuentes fidedignas, públicas y privadas, abiertas a la comunidad, para trabajar sobre información compartida en la toma de decisiones.
- Protección del Ciclo Hidrológico: Debemos asegurar la protección del ciclo hidrológico, por lo que es necesario innovar e incorporar nuevas fuentes, tecnologías y prácticas de eficiencia en el uso del agua, combinando las obras tradicionales con soluciones basadas en la naturaleza. Para esto, se requieren cambios en los mecanismos de evaluación social y privada, financiamiento y asignación de presupuesto.
Estamos convencidos de que el camino de la colaboración y el diálogo es la única forma de avanzar y enfrentar la crisis hídrica, así como de mejorar la gestión del agua en el país. Por ello, nos comprometemos a abrir espacios de trabajo conjunto con los distintos sectores relacionados con el agua e invitamos a las autoridades a sumarse a esta propuesta y considerar esta declaración como el inicio de un proceso de cambio, sustentado en la confianza, la cooperación y buscando el bien común de Chile.
