El pasado 18 de noviembre el Ejecutivo puso urgencia simple al proyecto de ley “Sobre el uso de agua de mar para desalinización”, que comenzó a tramitarse hace más de seis años -en enero de 2018- en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado.
El proyecto de ley corresponde al boletín 11608-09 que, en su presentación original, define 4 ejes principales. Por un lado, establece que las aguas resultantes del proceso de desalinización constituyen bienes nacionales de uso público. También crea una Estrategia Nacional de Desalinización, con el objeto de definir orientaciones y prioridades en el uso del agua de mar y la instalación de plantas desalinizadoras. Además, instaura la prevalencia del uso de las aguas desaladas para el consumo humano, doméstico, el saneamiento y la mantención de un caudal ecológico en los acuíferos, en la legislación sectorial relativa a las concesiones marinas. Mientras que, en cuarto lugar, dispone que los proyectos sobre instalación de plantas desalinizadoras deben someterse siempre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Chile vive el peor estrés hídrico histórico, El país destaca como una de las zonas más afectadas por la falta de agua por el cambio climático.
La escasez de este recurso y las sequías que se viven en distintos regiones han impulsado la búsqueda de soluciones de tratamiento de agua para atender a la población y a las diversas industrias, una de ellas es la desalación o desalinización de agua, aunque implica sortear el gran reto de evitar impactos en los ecosistemas.
A través de diversas tecnologías, el sector de la desalinización ha venido creciendo en los últimos años y se espera que repunte entre 2024 y 2032 a un ritmo de 9,12 % interanual, como proyecta Straits Research.
La Desalinización en Latam
De este lado del mundo son varios los países que están haciendo uso de la desalinización como alternativa, encabezando ese auge Chile y México, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (Aladyr), que, apoyándose en estadísticas de varias empresas de investigación, calcula el tamaño del mercado por encima de 1.000 millones de dólares y superior a USD 1.700 millones hacia finales de esta década.
Brasil, además de México, también ha visto en la desalinización una alternativa para sus industrias minera y agrícola, principalmente, y para el consumo humano. Con Chile, estos países ocupan los primeros puestos en capacidad instalada que —según Global Water Intelligence— es de 3.501.363 metros cúbicos (6 % de la capacidad instalada a nivel mundial).
Chile, regulación en puertas
El estrés hídrico generado por la sequía, con fuerte riesgo de desabastecimiento de agua potable en ciertas zonas, especialmente la Región de Coquimbo, ha obligado a buscar alternativas en Chile.
En marzo de 2023, el país tenía 28 plantas desaladoras en operación y construcción, según el primer catastro nacional, hecho por la Asociación Chilena de Desalinización (Acades) y el Consejo Minero, en colaboración con el Comité Asesor Ministerial Científico para el Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Actualmente, están en construcción tres plantas para fines mineros, una multipropósito (Aguas Pacífico en la Región de Valparaíso) y otra para consumo humano (expansión de la desaladora de Antofagasta); se encuentran, además, a la espera de obtener permisos o su viabilidad financiera, unos 15 proyectos. Incluso, se han establecido alianzas público-privadas en esta industria.
Francisca Ugalde, asociada del Estudio Aylwin Matta, comenta que varias empresas mineras han construido desaladoras aprovechando mecanismos que se establecen en el Código de Minería, como las servidumbres forzosas en mineras para utilizar inmuebles, instalando ductos hasta el mar y la planta desalinizadora en sí.
La regulación del sector está en camino. En 2018, el Ejecutivo planteó un proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización, a cuyo trámite se le ha otorgado suma urgencia. La iniciativa contempla:
Crear una concesión marítima especial e incorpora a la Dirección General de Aguas en el proceso de otorgamiento (informe técnico vinculante) y fiscalización de la desalinización, en pos de la planificación del recurso hídrico con un enfoque de cuenca.
Incluye una Estrategia Nacional de Desalinización para orientar el desarrollo sostenible de proyectos de desalinización de agua de mar.
La habilitación de una servidumbre legal de desalinización para la conducción de las aguas, siendo, además, aplicables las del Código de Aguas que sean pertinentes.
Y la modificación de otros cuerpos legales para habilitar una mejor implementación de este nuevo marco regulatorio.
Establece regulación especial para la obtención de resoluciones de calificación ambiental para plantas desalinizadoras, especialmente considerando las descargas de salmueras inherentes a su operación.
Se espera que el proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, pueda ser despachado a más tardar el primer semestre de 2025.
Ugalde agrega que, aunque hay una fuerte presión para que las plantas desalinizadoras puedan ser multipropósito, el proyecto de ley en trámite da prioridad al consumo humano, por lo que señala la zona indicada es la cuarta región, en especial las ciudades de La Serena y Coquimbo, donde también lo demanda la agricultura.
Empresas sanitarias como Aguas Antofagasta y Nueva Caldera, así como comités de riego (La Ligua) construyeron y operan sus propias plantas desaladoras, utilizando la normativa general sobre prestación de servicios sanitarios, pues su operación es posible en el actual marco legal.
La abogada precisó que, mediante Ley N°21.639, se modificó la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para darle la facultad de desarrollar infraestructura hídrica, como plantas desaladoras con fines de subsistencia o multipropósito, por lo que el organismo podría llamar a licitación su construcción mediante el sistema de concesiones. Bajo este modelo se planifica hoy una planta desaladora multipropósito en Coquimbo, por lo que cree que el proyecto en cartera para construir una instalación en la localidad de Caldera, en la Región de Atacama, también podría seguir la misma ruta.
En la región se espera que la planta desaladora multipropósito esté operativa para el 2030. ya se ingresó el Informe de Impacto Ambiental.
El proyecto contempla la construcción y operación de una Planta Desaladora de agua de mar en el sector del Panul, junto con las obras necesarias para su conducción en la Región de Coquimbo. Su principal objetivo es el abastecimiento de agua potable para las comunas de Coquimbo y La Serena, con la posibilidad de expansión hacia otros sistemas.
La planta empleará el sistema de ósmosis inversa para la desalinización del agua, con una capacidad estimada de producción de 1.200 litros por segundo. También se incluyen obras para la captación de agua, un emisario para la descarga de salmuera, sistemas de prefiltración, así como infraestructuras para la conducción y bombeo del agua hacia un estanque de distribución de 8.000 m³, ubicado a aproximadamente 21 km de la planta.
Este proyecto beneficiará a cerca de 460.000 habitantes de las comunas de Coquimbo y La Serena.
- Ficha del Proyecto
- Tipo de Iniciativa:Pública
- Región:Coquimbo
- Provincia:Elqui
- Comuna:Coquimbo
- Volumen:Producción de 1.200 litros/segundo de agua potable
- Presupuesto Oficial: MM USD 286 (en análisis)
- Fecha de Llamado a Licitación:2024
- Plazo de Concesión:Plazo Variable (ITC), máximo 20 años (En análisis)
Para más detalles, consulte la Ficha Técnica Proyecto Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo
