Cuando un estudio se construye en base a datos incompletos, las conclusiones son no sólo erróneas, sino peligrosas. Tal es el caso del estudio sobre el agua de la UDLA, publicado hace unos días en un medio nacional. Este ejercicio toma como única fuente el Catastro Público de Aguas de la DGA, registro muy poco representativo de la realidad chilena, debido a la gran cantidad de información que no tiene incorporada.
Un registro que invisibiliza a los pequeños agricultores, pues la mayoría no tiene perfeccionados sus Derechos de Aprovechamiento de Aguas, por el costo y burocracia que involucra. Toda vez que tener las acciones perfeccionadas es condición ineludible para suscribirlas en el mentado catastro.
En el caso de la cuenca del río Elqui, el agua que administramos se divide en 25.342,08 acciones, de las cuales la DGA sólo tiene catastradas 8.693 (aproximadamenteun tercio). Es más: el catastro registra que en el Elqui el 16% de los usuarios tienen 10 acciones o menos. La cifra real es 87%.
En el estudio se precisa que el 71% del agua consumida en Chile se destina a “riego”. No se trata de agua “de riego”: se trata del agua necesaria para producir todas las frutas, verduras, cereales y otros productos agropecuarios de Chile. Esta cifra, sindicada como “alta” por la publicación, está en línea con las cifras mundiales y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.
Es nuestro deber manifestar nuestra perplejidad y molestia frente al daño que las conclusiones que este tipo de estudios descuidados puede causar. Para analizar la real situación del agua en Chile, se requiere al menos una verificación de las fuentes de información a considerar.
J.L. Pelayo Alonso Z.
Presidente del Directorio
Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes
