En la Casa de la Cultura de la ciudad de Vicuña, representantes de la DGA, Junta de Vigilancia del Río Elqui, Sociedad Nacional de Agricultura, expertos en derecho agrícola y el diputado Sergio Gahona hicieron sus presentaciones y planteamientos sobre esta modificación al código de aguas, además de responder a las inquietudes de los regantes.
En vista de la gran cantidad de dudas e incertidumbre generada por los anuncios referentes a la reforma al Código de Aguas, la Junta de Vigilancia del Río Elqui (JVRE), con la colaboración de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN) y la Asociación de Productores de Pisco (APP), realizó esta semana una “Jornada de reflexión en torno a la reforma al Código de Aguas”, actividad desarrollada en la Casa de la Cultura de Vicuña.
Durante la actividad el Director General de Aguas respondió a todas las consultas de los regantes e integrantes del panel final, instancia en la que fue enfático en aclarar que “la propuesta es clara al señalar que los derechos que hoy día existen permanecen como tal y que los derechos nuevos van a ser concesiones temporales que van a ser siempre prorrogables en el tiempo, en la medida que efectivamente se haga uso del agua”.
Esta fue la respuesta a la inquietud más repetida durante esta actividad, como fue el temor por la estatización de las aguas y la expropiación de los derechos de aprovechamiento. Sobre esto agregó que “el ejecutivo tendría que estar loco para creer que a todos los agricultores del país hay que quitarles sus derechos ¿para qué? Es absurdo”.
Esta reforma aún no comienza su discusión en particular artículo por artículo en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Recursos Hídricos, proceso que partiría el 7 de enero del próximo año. El diputado Sergio Gahona, presente en la actividad, anunció que “nosotros vamos a presentar una serie de indicaciones tendientes a perfeccionar esta reforma y darle una condición mucho más favorable de lo que hoy tiene para los agricultores de nuestra región, en especial para el Valle del Elqui”.
Compromiso de la DGA
El Gerente de la JVRE, Dagoberto Bettancourt Madrid, se declaró conforme con los resultados de la actividad, en la que se informó debidamente a los regantes de primera fuente sobre los cambio a la normativa, sin embargo, esto no sería suficiente, pues “debemos profundizar la información hacia nuestros asociados, y poner en manifiesto nuestras preocupaciones a quienes hoy estan trabajando en legislar sobre estas materias”.
Agregó que durante este encuentro “se gestó un compromiso por parte del Director General de Aguas en el sentido estar de dispuesto a corregir la redacción para asegurar que no existan riesgos para nuestros agricultores respecto de la tenencia del derecho de aprovechamiento y que todo aquellos que se legisle sea materia de los derechos que se otorguen desde la fecha de publicación de este cambio normativo en adelante”.
Por su parte, el Fiscal Abogado de la SNA, Eduardo Riesco, señaló que uno de los aspectos negativos de esta reforma es el “cambio de paradigma” respecto de los derechos de agua, cambio que “para nosotros implica quitarle a los derechos de agua la protección del dominio y la propiedad que hoy tienen, para transformarlo en una merced de agua precaria, temporal, caducable, llena de restricciones”.
Pese a lo anterior, consideró que esta jornada fue “esperanzadora”, debido a los compromisos adoptados por Estévez, quien “dejaría claro en el proyecto que no se trataría de una expropiación de los derechos de agua, sino simplemente establecer algunas modificaciones que perfeccionan el código, lo que en ningún caso afectarían el dominio del derecho de agua en la forma en que hoy están planteados, no solo los ya constituidos, sino que los que se formulen en el futuro”.
“Aún quedan interrogantes”
Pelayo Alonso, Presidente de la APP y Director de la SAN, destacó el desarrollo de esta actividad, aunque enfatizó en que aún hay muchas interrogantes y mucho espacio para las interpretaciones. “Quedamos muy preocupados porque si bien es cierto hay una buena intención, en términos de explicar de qué se trata, los vacíos o los márgenes para interpretar son demasiado grandes. No nos queda claro todo el beneficio de esta modificación al Código de Aguas. Quizás con mayores fiscalizaciones y recursos se puede conseguir todo lo que hoy se está justificando que amerita cambiar el código”, señaló.
Respecto al punto que provoca más incertidumbre, Alonso indicó que lo más importante es la propiedad de derechos de agua, pues “los derechos de agua constituyen un patrimonio, son un bien y no pueden hoy día relativizarse en la propiedad en términos de que podría quedar sujeto a una interpretación o una caducidad. Los derechos son un bien adquirido, y hay derecho a uso, goce y disposición y no se puede alterar ninguno de esas características”.
Por su parte, el Fiscal Abogado de la SNA, Eduardo Riesco, señaló que uno de los aspectos negativos de esta reforma es el “cambio de paradigma” respecto de los derechos de agua, cambio que “para nosotros implica quitarle a los derechos de agua la protección del dominio y la propiedad que hoy tienen, para transformarlo en una merced de agua precaria, temporal, caducable, llena de restricciones”.
En la misma línea, el diputado Sergio Gahona señaló que hay buena disposición para perfeccionar la indicación que ha hecho el gobierno, perfeccionar la reforma “para que efectivamente terminemos con una reforma que resuelva los problemas de especulación y acaparamiento del agua que hay en algunas zonas del país y no afecte la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento del agua que tienen los agricultores, especialmente en la región de Coquimbo quienes además están siendo afectados por la crisis hídrica”.