El diputado Víctor Pino presentó una moción que busca fijar metas obligatorias de reducción de agua no facturada en las empresas sanitarias, estableciendo un umbral legal máximo de 20% en un plazo de 10 años. Actualmente, cerca del 33% del agua producida en Chile no se factura, y en la Región de Coquimbo las fugas alcanzan 11,5 millones de m³, equivalentes a más de 4.600 piscinas olímpicas. Desde la Junta de Vigilancia del Río Elqui, destacan que esta medida apunta a una gestión más equitativa y responsable del recurso hídrico, clave para fortalecer la seguridad del agua en todo el territorio.
Un paso hacia la eficiencia hídrica y la responsabilidad en el uso urbano del recurso
El diputado Víctor Pino (A) presentó una moción que busca modificar la Ley N°18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), con el fin de establecer metas obligatorias de reducción de agua no facturada en las empresas sanitarias.
La iniciativa —patrocinada por los diputados Roberto Arroyo, Miguel Ángel Calisto, Enrique Lee y Jorge Saffirio, junto a las diputadas Erika Olivera y Joanna Pérez— plantea que, en un plazo máximo de 10 años, las sanitarias deberán mantener sus pérdidas por debajo del 20% del agua producida, incorporando por primera vez un umbral legal de cumplimiento obligatorio.
Actualmente, cerca del 33% del agua producida en Chile no se factura, lo que incluye fugas físicas, errores de medición y conexiones irregulares. Estas pérdidas —conocidas como aguas no facturadas— representan una ineficiencia estructural que impacta tanto en la rentabilidad de las empresas como en la seguridad hídrica nacional.
“Cada litro que se pierde es una oportunidad menos para garantizar el acceso al agua y cuidar nuestro entorno”, señala el texto de la moción, que subraya que los acuerdos voluntarios entre la SISS y las empresas “han sido insuficientes”, requiriéndose ahora metas exigibles y sanciones concretas.
El caso regional: pérdidas equivalentes a 11,5 millones de m³
Según el Informe 2025 de la SISS, la Región de Coquimbo presenta un 24,5% de agua no facturada.
Esto significa que, de los 63,3 millones de m³ distribuidos por Aguas del Valle en 2024, 15,5 millones de m³ no fueron facturados.
De ellos, un 74% —equivalente a 11,5 millones de m³— corresponde a fugas físicas reales en la red de distribución.
Esa pérdida equivale a más de 4.600 piscinas olímpicas llenas, volumen que podría cubrir el consumo anual de más de 80.000 personas en la conurbación La Serena–Coquimbo.
Desde la Junta de Vigilancia del Río Elqui (JVRE), este debate adquiere especial relevancia. Mientras los usuarios agrícolas y rurales implementan programas de eficiencia y control en la distribución del agua superficial, el sistema urbano aún arrastra pérdidas estructurales que debilitan la seguridad hídrica del territorio.
Hacia una gestión más equitativa del agua
El proyecto, actualmente en su primer trámite constitucional ante la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados, propone un plazo de adaptación de diez años para las empresas, con beneficios progresivos para quienes demuestran reducciones anuales de entre 1% y 2,5% según su nivel inicial de pérdida.
Con ello, el Congreso busca instalar un estándar mínimo de eficiencia y rendición de cuentas en un contexto donde la crisis hídrica ya no permite márgenes de desperdicio.
Desde la JVRE, este tipo de iniciativas se observan como un complemento necesario a la gestión de cuencas: un esfuerzo conjunto entre sectores urbanos y rurales para fortalecer la seguridad hídrica nacional y asegurar que cada gota cuente.
Vea texto moción Boletín Nº 17872-33 y siga su tramitación aquí.