La iniciativa busca promover la desalinización, con foco en regiones más afectadas por la sequía; la tecnificación del riego para la producción de alimentos; un nuevo impulso de inversión para el agua potable rural; y el uso eficiente del recurso en las ciudades.
El objetivo es aumentar la disponibilidad de agua y mejorar la eficiencia en su uso para asegurar el abastecimiento para el consumo humano y la producción de alimentos.
El Plan contra la Sequía tiene cuatro ejes: desalinización, con foco en regiones más afectadas por la sequía; la tecnificación del riego para la producción de alimentos; un nuevo impulso de inversión para el agua potable rural; y el uso eficiente del recurso en las ciudades.
1. Desalación
• Se dará un fuerte impulso a la desalación de agua, especialmente en las regiones de Coquimbo y de Valparaíso, las más afectadas por la escasez hídrica. En los últimos 5 años, los proyectos de desalación con aprobación ambiental han tenido un crecimiento de 88% respecto del quinquenio anterior, sumando 12.652 litros por segundo.
• Se agilizarán proyectos de inversión en plantas desalinizadoras, que hoy se demoran en promedio 3 años sólo en la obtención de la concesión marítima. Se priorizarán especialmente los proyectos de plantas desaladoras que provean de agua para el consumo humano.
• La capacidad de las plantas desaladoras que actualmente existen en nuestro país para uso de minería, industrial y consumo humano asciende a 6.653 litros por segundo. Actualmente están en construcción cuatro proyectos de desaladoras en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo que sumarán 4.184 litros por segundo de capacidad de desalación y existen tres proyectos en proceso de calificación ambiental por 3.610 litros por segundo y cuatro proyectos en desarrollo por 3.800 litros por segundo.
2. Tecnificación de riego para la producción de alimentos
• Se fortalecerán las acciones de tecnificación de riego para la producción de alimentos, a través de importantes inversiones en infraestructura que permita un mejor aprovechamiento de este recurso.
• Se continuará adelante con el plan de construcción de 26 embalses que se ha impulsado durante este periodo Gobierno, que incluye proyectos ya finalizados, como el embalse de Valle Hermoso en Coquimbo, o próximos a entrar en operación, como el de Chironta, en Arica.
• También se dará discusión inmediata al proyecto de prórroga de la Ley de Riego por 12 años. Esta ley ha permitido importantes inversiones en el sector agrícola, permitiendo entre 2010 y 2019 mejorar obras de infraestructura que impactaron más 170.000 hectáreas, beneficiando a más de 330.000 usuarios de los cuáles el 80% fueron pequeños agricultores.
• Se creará un Fondo Especial de Sequía que permita aumentar los recursos en la ley de riego para superar los $ 110 millones de dólares de inversión por año en 2021 y 2022.
• Se impulsará un fondo de investigación estratégica en sequía por $6.000 millones de pesos, con el cual se espera obtener propuestas concretas de corto y mediano plazo para diseño de políticas públicas, normativas, estudios y soluciones tecnológicas para hacer frente a la sequía.
3. Agua Potable Rural
• Se fortalecerá la inversión proyectos de Agua Potable Rural para garantizar el consumo humano.
• El 2021 se invertirán más de US$ 342 millones, casi triplicando el promedio de inversión anual de la última década (2010-2019).
• Como parte del plan se mantendrá un impulso de inversión en Agua Potable Rural para alcanzar una inversión de $650 millones de dólares para el bienio 2021-2022 a nivel nacional.
4. Uso eficiente en ciudades
• Se buscará crear conciencia en la sociedad, incluyendo a gobiernos regionales y municipales, empresas, agricultores, compañías sanitarias y familias, sobre el uso eficiente del agua en las ciudades.
• Las medidas incluyen, por ejemplo, un trabajo coordinado con los municipios que evite riegos diurnos o excesivos, así como ampliar las sanciones al sobreconsumo a través de la tarificación.
• Para incorporar nuevas fuentes de agua, se avanzará en la reutilización de aguas servidas tratadas, modificando el Decreto Supremo 90 para que las aguas servidas de las ciudades costeras no se descarguen directamente al mar, sino que sean sometidas a un tratamiento secundario que permita su uso posterior, industrial o agrícola.
• Además, se buscará que las empresas sanitarias reduzcan la pérdida de agua en sus redes de distribución. Hoy el 33% del agua que se produce no llega a usuarios finales, la que principalmente se pierde en filtraciones.
