La iniciativa es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Medioambiente, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes.

La Serena. – Asegurar la competitividad del sector social y productivo, preservar la sustentabilidad de los ecosistemas acuáticos y proteger el medioambiente son los principales objetivos del Estudio Integral de Calidad del Agua que desarrollan, de manera conjunta en la cuenca del Río Elqui, el Ministerio del Medioambiente, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Intihuasi) y la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes (JVRE) con el apoyo de la Dirección General de Aguas y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.

El proyecto, cuyo valor bordea los 171 millones de pesos, se focaliza en analizar de manera integral la calidad fisicoquímica y biológica del recurso hídrico como parte de las coordinaciones que se realizan para la elaboración de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental de las aguas superficiales. Todo, con el fin de definir los márgenes de concentración de diversas variables y sus diferentes usos tanto humanos como ecológicos.

Al respecto, Edgardo Díaz, director regional de INIA Intihuasi, expresó que un estudio de estas características contribuirá a contar con “herramientas y estrategias que permitan que los agricultores de la región alcancen una producción sustentable, en el entendido que el agua constituye un elemento importante en ese proceso”.

A través de la aplicación de esta Segunda Norma de Calidad del Agua, “lo que se busca no solo es proteger las aguas continentales superficiales o salvaguardar el uso que se hace de ellas, sino que también generar una actividad agrícola que esté en sintonía con los ecosistemas y el desarrollo de los procesos humanos dentro del territorio”, recalcó Díaz.

Esta visión es compartida por Francisco Meza, subdirector de INIA Intihuasi, quien detalló que “a través de este estudio se podrá tener toda la información para verificar y actualizar el estado del arte de la sanidad del río y así validar que el agua siga siendo apta para desarrollar actividades como la agricultura o el consumo humano”.

En este contexto es que organizaciones de usuarios del agua, que aun sin tener responsabilidades respecto a la calidad del recurso hídrico, se han mostrado muy dispuestas a colaborar como co-ejecutoras del proyecto, ya que aquello “facilitará que de manera complementaria, se puedan definir y establecer los puntos de monitoreo y los parámetros a considerar durante este proceso, el que nos tiene tremendamente expectantes porque ayudará a sintetizar y sistematizar la información existente”, según relató Dagoberto Bettancourt, gerente de la JVRE.

En cuanto a los beneficios que una actividad como esta podría traer para la zona, Sergio Troncoso, encargado de Política y Regulación Ambiental de la Secretaría Regional Ministerial de Medioambiente expresó que “la información recopilada servirá como insumo para tomar mejores decisiones”, sobre todo en aquellos ámbitos relacionados con la normativa vigente a través de la cual se evalúan ciertos parámetros que aseguran que los valores de determinados elementos presentes en el agua se encuentran dentro de un rango normal, permitiendo el perfecto funcionamiento de actividades como el consumo humano, el riego y la preservación de los ecosistemas acuáticos.

 

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